Judith Ann Neelley, condenada por el secuestro, tortura y asesinato de Lisa Ann Millican, una niña de 13 años, en 1982, es uno de los casos de pena capital más políticamente controvertidos de Alabama, en gran parte por la conmutación de su sentencia de muerte a cadena perpetua, decidida en los últimos días del mandato de un gobernador saliente.
El crimen
En septiembre de 1982, Judith Ann Neelley, entonces de 18 años y madre de gemelos, junto a su esposo Alvin Neelley, secuestró a Lisa Ann Millican de un centro comercial en Rome, Georgia. La llevaron a un motel en el noreste de Alabama, donde fue violada y torturada repetidamente. Mientras Alvin y los hijos gemelos de la pareja desayunaban fuera, Judith Ann llevó a Millican hasta el Cañón Little River, donde, según establecen los documentos judiciales, le inyectó limpiador de desagües en seis ocasiones distintas; al no lograr matarla con esas inyecciones, le disparó y arrojó su cuerpo al cañón.
Una confesión hecha con jactancia
Según el testimonio del entonces fiscal de distrito Mike O’Dell, durante las siguientes 24 horas Neelley llamó a las autoridades en tres ocasiones distintas para informarles que tenían el cuerpo de una niña de 13 años en el fondo de su cañón, jactándose abiertamente del crimen. O’Dell, con 38 años de experiencia procesando más de 200 casos de asesinato en su carrera, declaró en una audiencia posterior: «Nunca he procesado a otro acusado que matara por puro deporte. A ella le encantaba matar.»
El juicio
Tras un juicio de 16 días en 1983, un jurado del condado de DeKalb la declaró culpable y recomendó una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, el juez Randall Cole no estuvo de acuerdo con esa recomendación, y la sentenció a morir en la silla eléctrica.
El esposo nunca fue juzgado por este crimen
Es un elemento relevante del caso: Alvin Neelley nunca fue formalmente juzgado por el asesinato de Millican. En su lugar, se declaró culpable de otro asesinato y agresión agravada ocurridos en Georgia, recibiendo cadena perpetua en ese estado. Murió en una prisión de Georgia en 2005, a los 52 años.
La conmutación controvertida
Tras más de una década en el corredor de la muerte, en 1999, al final de su mandato como gobernador de Alabama, Fob James conmutó la sentencia de muerte de Neelley a cadena perpetua, una decisión que generó fuerte controversia política sostenida durante décadas.
Una ley bloqueada por inconstitucional
En 2003, la legislatura de Alabama aprobó una ley específica que establecía que los reclusos condenados a muerte cuya sentencia hubiera sido conmutada no serían elegibles para libertad condicional, en un intento directo de impedir que Neelley pudiera algún día salir de prisión. En 2018, un juez federal determinó que esta ley era inconstitucional, al aplicarse de forma retroactiva para aumentar el castigo de Neelley después de los hechos, lo que finalmente le abrió la puerta a solicitar libertad condicional por primera vez.
Audiencias de libertad condicional sucesivamente denegadas
En mayo de 2018, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Alabama deliberó durante apenas un minuto antes de negarle la libertad condicional por primera vez. En mayo de 2023, la junta volvió a negársela, esta vez tras deliberar solo 55 segundos, fijando su próxima posible audiencia para 2028. La entonces gobernadora Kay Ivey había declarado públicamente antes de esa audiencia: «Sencillamente, la señora Neelley no debería poder poner un pie fuera de una prisión de Alabama.» El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, celebró públicamente la decisión, sosteniendo que la conmutación original de su sentencia de muerte «nunca debió haber ocurrido».
Un detalle adicional: Georgia también la reclama
Incluso si algún día Neelley obtuviera la libertad condicional en Alabama, no quedaría libre de inmediato: el estado de Georgia mantiene una orden de detención pendiente en su contra por una condena adicional de cadena perpetua consecutiva, derivada de una declaración de culpabilidad por el asesinato de Janice Chatman, de 22 años, también de Rome, Georgia.
Situación actual
A la fecha de esta publicación, Judith Ann Neelley, hoy con más de 60 años, permanece recluida en la Prisión Julia Tutwiler para Mujeres, en Alabama, con su próxima audiencia de libertad condicional programada para 2028.
Por qué el caso sigue siendo relevante
El caso Neelley es un referente central en discusiones sobre las conmutaciones de pena de muerte realizadas por gobernadores salientes al final de sus mandatos, sobre los límites constitucionales de las leyes retroactivas que buscan aumentar el castigo de una persona ya condenada, y sobre la extrema dificultad que enfrentan condenados por crímenes de esta magnitud para obtener libertad condicional, incluso décadas después de los hechos y con múltiples oportunidades legales para solicitarla.
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Más casos en la sección Mujeres Homicidas.
Fuentes consultadas
- 1819 News, «AG Marshall applauds parole board decision to deny parole of convicted child murderer Judith Ann Neelley», con la cita textual completa del fiscal general Steve Marshall y la gobernadora Kay Ivey.
- Fox News, «AL denies parole for Judith Ann Neelley who murdered an abducted, sexually assaulted 13-year-old girl» (2023) y «No parole for woman in Georgia teen’s slaying in Alabama» (2018), con cronología judicial completa de ambas audiencias de libertad condicional.
- Yahoo News (vía AP), «Judith Ann Neelley’s parole denied: Woman convicted in ’80s of murdering Georgia girl», con la cita textual completa del fiscal Mike O’Dell.
- WEIS Radio, «Upcoming Parole Hearing for Judith Ann Neelley», con detalle de la orden de detención pendiente de Georgia.
- PressReader (Rome News-Tribune), «Family of murder victim to protest parole hearing for Neelley» (2018), con cronología del fallo de inconstitucionalidad de la ley de 2003.
Nota editorial: este artículo distingue explícitamente entre la condena judicial confirmada de Judith Ann Neelley y la ausencia de un juicio formal contra su esposo Alvin Neelley por este crimen específico, documentando la conmutación de pena y las sucesivas denegaciones de libertad condicional sin adoptar una posición editorial sobre la decisión del entonces gobernador Fob James.