El 9 de octubre de 1999, Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años, desapareció en Mijas, Málaga, cuando caminaba desde la casa de su novio hacia la suya. Su cuerpo fue hallado 24 días después, a más de 30 kilómetros de distancia, con signos de haber sido apuñalada. La investigación policial señaló como principal sospechosa a Dolores Vázquez, expareja de la madre de la víctima, quien fue detenida en septiembre de 2000 y condenada en primera instancia a 15 años de prisión, pese a la ausencia de pruebas físicas que la vincularan directamente con el crimen.
Vázquez era inocente. En 2003, tras el asesinato de otra joven, Sonia Carabantes, en circunstancias similares, el ADN del verdadero responsable —un ciudadano británico llamado Tony Alexander King— coincidió también con las muestras del caso Wanninkhof. Vázquez fue absuelta, después de haber pasado 519 días en prisión preventiva por un crimen que no cometió. Su caso se convirtió en uno de los mayores errores judiciales de la España reciente, y en abril de 2026 —casi 26 años después de su detención— recibió, finalmente, un reconocimiento oficial del Estado español.
Una relación familiar convertida en sospecha
Alicia Hornos, madre de Rocío Wanninkhof, había mantenido una relación sentimental con Dolores Vázquez desde 1982, mientras aún estaba casada con el padre de la niña, el ciudadano neerlandés Guillermo Wanninkhof. Tras su divorcio en 1983, Hornos mantuvo la custodia legal de sus hijos y los crio junto a Vázquez, quien —según el testimonio de la propia Rocío y su hermana Rosa recogido en investigaciones periodísticas posteriores— actuó de facto como una segunda figura materna durante años. La pareja compró una vivienda conjunta en Mijas, aunque el contrato figuraba únicamente a nombre de Vázquez.
La investigación: una sospechosa sin pruebas físicas
Diez meses después del hallazgo del cuerpo de Rocío, la Guardia Civil detuvo a Vázquez como principal sospechosa. La investigación y buena parte de la cobertura mediática de la época construyeron una narrativa de “crimen pasional” en torno a la relación previa entre Vázquez y la familia, fuertemente teñida —según documentó después la revisión periodística y documental del caso— de prejuicios sobre su orientación sexual. Vázquez fue juzgada y condenada en el año 2000 a 15 años de prisión, pese a que la fiscalía no logró presentar pruebas físicas concluyentes que la vincularan directamente con el homicidio.
La absolución: el ADN de un crimen posterior
El caso dio un giro radical en 2003, cuando Tony Alexander King, un ciudadano británico con antecedentes de violencia, fue detenido por el abuso sexual y asesinato de Sonia Carabantes, una joven de 17 años, en Coín, Málaga. Al analizarse el ADN de King, las autoridades lo vincularon también con el asesinato de Rocío Wanninkhof de 1999. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia condenatoria contra Vázquez, cuya inocencia quedó definitivamente probada. Para entonces, ya había pasado 519 días —diecisiete meses— en prisión preventiva.
Una indemnización que nunca llegó
A pesar de que su inocencia quedó judicialmente establecida sin ambigüedad, Vázquez nunca recibió una indemnización económica formal por el tiempo que pasó injustamente encarcelada. La razón, según ha documentado la prensa española, tiene que ver con un vacío legal: hasta su reforma en 2019, el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial otorgaba derecho a indemnización a quienes, tras sufrir prisión preventiva, resultaran absueltos por “inexistencia del hecho”, una fórmula que los tribunales interpretaron de forma restrictiva en su caso. La entonces magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles —hoy ministra de Defensa de España— emitió en su momento un voto particular discrepante, señalando que el recurso de Vázquez “hubiera debido estimarse”, ya que los hechos del crimen no le eran simplemente “no probados”, sino “completamente ajenos”. Ese voto particular no bastó para revertir la decisión mayoritaria del tribunal.
Los años de aislamiento posterior
Vázquez ha relatado públicamente el impacto devastador que el caso tuvo en su vida incluso después de probada su inocencia: durante años no pudo salir a la calle con normalidad, ver televisión libremente ni acceder a servicios básicos sin ser reconocida o señalada. “Era insoportable, no podía dormir ni en la cama, me sentaba en una esquina”, relató en una entrevista reciente. Con el tiempo, se retiró de la vida pública y rehízo su vida de forma discreta en su localidad natal, Betanzos, en A Coruña, Galicia.
El reconocimiento oficial de 2026
El 27 de abril de 2026, coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, el Ministerio de Igualdad de España rindió homenaje público a Dolores Vázquez con la entrega de la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad, en un acto en el que la ministra reconoció explícitamente la “injusticia” sufrida por Vázquez, calificando el episodio de “linchamiento” social e institucional alimentado por “mentiras, bulos, falsedades”. Vázquez recibió la distinción entre lágrimas, y declaró sentirse “una persona distinta, sin olvidar, pero lo llevo mejor”. Ese mismo año, su ciudad natal, Betanzos, preparó un acto adicional de reconocimiento local. Pese a estos gestos simbólicos, Vázquez ha confirmado públicamente que, a la fecha, sigue sin haber recibido compensación económica alguna por parte del Estado.
El caso en la memoria colectiva española
El caso Wanninkhof-Carabantes, como se lo conoce conjuntamente en España, ha sido objeto de numerosas producciones audiovisuales, entre ellas la serie documental “Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof” (HBO Max, 2021), en la que Vázquez habló públicamente por primera vez en veinte años sobre su experiencia, y el documental “Muerte en la costa” (disponible internacionalmente como “Murder by the Coast”). El caso se cita habitualmente en España como ejemplo de manual de los riesgos del juicio mediático paralelo, del sesgo homofóbico en la investigación criminal, y de las lagunas del sistema de reparación a víctimas de errores judiciales.
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Fuentes consultadas
- COPE — cobertura de la falta de indemnización 25 años después del caso.
- Noticias de Navarra / Deia — cobertura del acto de reconocimiento del Ministerio de Igualdad de abril de 2026.
- El Debate — análisis del vacío legal (artículo 294 LOPJ) que impidió su indemnización, incluido el voto particular de Margarita Robles.
- Wikipedia (en inglés/español) — cronología completa del caso “Murder of Rocío Wanninkhof”.
- Pressreader / Crime Monthly — reseña del documental “Murder By The Coast”.
Nota editorial: Dolores Vázquez es una víctima documentada de un error judicial; su inocencia quedó establecida sin ambigüedad mediante prueba de ADN que identificó al verdadero autor, Tony Alexander King. Este artículo se incluye en la sección como caso de exoneración, siguiendo el mismo criterio aplicado a Casey Anthony y Enriqueta Martí, y en ningún momento debe presentarse ni interpretarse como un caso de culpabilidad.