El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, es uno de los episodios más investigados y menos resueltos del todo en la historia política reciente de México. Más de tres décadas después, y pese a que Mario Aburto Martínez fue condenado como autor del disparo, el caso sigue generando desarrollos judiciales activos: en 2025 fue detenido un exagente de inteligencia como presunto implicado en una hipótesis de “segundo tirador”, y en 2026 un tribunal ordenó reabrir el proceso judicial contra el propio Aburto.

Cronología del caso

23 de marzo de 1994: Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de México, es baleado en la cabeza durante un mitin de campaña en la colonia Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. Muere horas después. En el lugar es detenido de inmediato Mario Aburto Martínez, un joven obrero, señalado como el autor del disparo.

Días posteriores: las autoridades detienen momentáneamente, entre otros, a un agente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que tenía sangre de Colosio en su chamarra, pero es liberado horas después sin mayores consecuencias en ese momento.

1994-1995: el entonces fiscal especial del caso, Miguel Montes, y posteriormente Pablo Chapa Bezanilla, investigan distintas líneas, incluyendo la posible participación de otras personas cercanas a Colosio el día del atentado (su chofer y miembros del grupo de seguridad “Orden, Vallas y Porras”), sin lograr acreditar que alguno de ellos hubiera disparado o colaborado directamente con Aburto. La Procuraduría General de la República concluye que Aburto actuó solo.

1995-1997: Aburto es procesado y finalmente condenado a 45 años de prisión por el homicidio de Colosio, bajo la figura de “asesino solitario”.

Años siguientes: el caso queda rodeado de múltiples teorías nunca confirmadas judicialmente, entre ellas la posible vinculación del crimen con el narcotráfico (mencionando en distintos momentos al cártel de los Arellano Félix o al cártel del Golfo) o con desacuerdos internos dentro del propio PRI. Ninguna de estas hipótesis ha sido acreditada con pruebas ante un tribunal.

2019: la periodista Laura Sánchez Ley logra la desclasificación de parte del expediente original, lo que revela irregularidades en la investigación de los años noventa y reabre el debate público sobre si Aburto actuó solo.

2021: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite la Recomendación 48VG/2021, en la que documenta fallas en la investigación original y llama a agotar nuevas líneas de investigación.

Noviembre de 2025: es detenido Jorge Antonio Sánchez Ortega, el exagente del CISEN que en 1994 había sido brevemente retenido con sangre de Colosio en su ropa, ahora señalado como presunto coautor del crimen bajo la hipótesis de un “segundo tirador”. A la fecha de esta verificación, Sánchez Ortega enfrenta un proceso judicial en curso y no ha sido condenado.

Enero de 2026: la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae dos juicios de amparo relacionados con Mario Aburto, buscando fijar criterios sobre cómo revisar un proceso penal de esta naturaleza bajo el sistema judicial tradicional vigente en 1994.

31 de marzo de 2026: el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordena reponer el procedimiento derivado de un amparo presentado por la defensa de Aburto, señalando omisiones en la valoración de pruebas y la falta de participación de todas las partes involucradas, incluyendo un nuevo análisis sobre la presunta tortura que Aburto ha denunciado reiteradamente haber sufrido tras su detención. El tribunal también señaló que la condena de 45 años pudo basarse en un criterio incorrecto, ya que la pena máxima contemplada en Baja California en 1994 era de 30 años.

Marzo de 2026: el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato asesinado, solicita públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que se otorgue un indulto a Mario Aburto Martínez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncia en contra de esa vía, advirtiendo que un indulto podría “encubrir los hechos” y cerrar la posibilidad de esclarecer la verdad completa del caso.

Las teorías del complot: lo que nunca se ha probado

A lo largo de tres décadas han circulado múltiples versiones sobre un posible complot detrás del asesinato de Colosio, entre ellas la vinculación con distintos cárteles del narcotráfico y con sectores del propio PRI en desacuerdo con su candidatura. Ninguna de estas teorías ha sido acreditada judicialmente con pruebas concluyentes; este artículo las presenta como hipótesis históricas ampliamente documentadas por la prensa, no como hechos probados.

Estado actual del caso

A la fecha de esta verificación, el caso se encuentra en una fase de reapertura activa: el proceso judicial contra Mario Aburto debe ser revisado nuevamente por un juzgado de origen, incluyendo el examen de su denuncia de tortura; Jorge Antonio Sánchez Ortega permanece bajo proceso judicial como presunto implicado en la hipótesis del segundo tirador, sin condena; y la solicitud de indulto para Aburto, presentada por el propio hijo de la víctima, sigue sin resolución por parte del Poder Ejecutivo. Ninguna teoría de complot ha sido confirmada judicialmente.

Fuentes consultadas

  • El Financiero — cronología de la reapertura del caso en 2026 y el criterio de la Suprema Corte sobre la condena de Aburto.
  • Infobae — detalle de la resolución del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (marzo de 2026).
  • La Jornada — postura de la CNDH sobre la solicitud de indulto presentada por el senador Colosio Riojas.
  • Excélsior — contexto sobre la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega en noviembre de 2025 y la hipótesis del segundo tirador.
  • Milenio — recuento de las principales teorías del complot que han circulado desde 1994, sin confirmación judicial.

Nota editorial: este es un caso judicial activo. La condena de Mario Aburto está sujeta a un proceso de revisión en curso; Jorge Antonio Sánchez Ortega es un sospechoso sin condena; y ninguna teoría de complot ha sido probada judicialmente. Cualquier actualización de este artículo debe verificar el estado más reciente de ambos procesos antes de publicar.