Óscar Alberto Pérez, un expolicía e investigador venezolano que se convirtió en una de las figuras más visibles de la disidencia contra el gobierno de Nicolás Maduro, murió junto a otras seis personas en enero de 2018 durante un operativo de seguridad en el sector El Junquito, Caracas. Más de ocho años después, el caso sigue en litigio: la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública en junio de 2026 y su sentencia definitiva permanecía pendiente a la fecha de esta verificación.

Quién era Óscar Pérez

Nacido el 7 de abril de 1981 en Caracas, Pérez se desempeñaba como inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la agencia de investigación criminal de Venezuela. El 27 de junio de 2017 publicó un video en YouTube criticando al gobierno de Maduro y pidiendo su renuncia; días después, protagonizó un sobrevolado con un helicóptero robado sobre sedes gubernamentales en Caracas, lanzando granadas y disparando contra el Tribunal Supremo de Justicia, un episodio que lo catapultó a la fama internacional. Junto a otras personas, formó el “Movimiento Equilibrio Nacional”.

Cronología del caso

Diciembre de 2017: integrantes del Movimiento Equilibrio Nacional ingresan a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana en San Pedro de los Altos, a las afueras de Caracas, y sustraen varias armas.

19 de diciembre de 2017: Pérez publica un video reivindicando la acción, a la que denomina “Operación Génesis”, describiéndola como un intento de recuperar armamento.

15 de enero de 2018: cerca de 500 efectivos de distintos cuerpos de seguridad venezolanos —Guardia Nacional Bolivariana, Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otros— rodean una vivienda en El Junquito donde se encontraban Pérez y otras seis personas: Abraham Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez, quien se encontraba embarazada. Durante el operativo, conocido oficialmente como “Operación Gedeón”, Pérez transmite en vivo a través de redes sociales, expresando en uno de los videos: “Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar”. Las siete personas mueren durante el operativo.

Días posteriores: el gobierno venezolano presenta lo ocurrido como el resultado de un enfrentamiento contra una “célula terrorista”. Organizaciones de derechos humanos como Provea, Human Rights Watch y Human Rights Foundation, junto con dirigentes opositores como Henrique Capriles, denuncian el hecho como una posible “ejecución extrajudicial”, señalando que existe evidencia audiovisual de que las víctimas habían manifestado su intención de rendirse antes de morir.

Marzo de 2019: la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, exiliada en Colombia tras romper con el gobierno de Maduro, difunde fotografías que según ella muestran que Pérez fue capturado con vida y posteriormente ejecutado, y anuncia que remitirá un archivo de más de 300 fotografías y documentos a la Corte Penal Internacional.

2019: la organización Foro Penal presenta una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de las víctimas.

11 de octubre de 2023: la CIDH remite el caso 14.178 (Óscar Pérez y otros, “Masacre de El Junquito”) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la presunta responsabilidad internacional del Estado venezolano en las ejecuciones extrajudiciales de las siete víctimas y por la situación de impunidad posterior.

17 de junio de 2026: la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra una audiencia pública en su sede de San José, Costa Rica, en la que representantes de Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, junto con las madres de Óscar Pérez y de Abraham Agostini, presentan ante los jueces evidencia audiovisual —17 videos, según se reportó— que, según argumentan, muestran que las víctimas se encontraban rindiéndose cuando fueron atacadas con armamento pesado, incluido un lanzagranadas.

Las dos versiones del caso

Es importante presentar con precisión ambas posiciones, dado que el caso está pendiente de sentencia:

  • Versión del Estado venezolano: el operativo respondió a la necesidad de desarticular a un grupo armado responsabilizado de acciones violentas previas, incluido el ataque con explosivos al Tribunal Supremo de Justicia en 2017.
  • Versión de organismos de derechos humanos y representantes de las víctimas: los hechos constituyeron ejecuciones extrajudiciales planificadas, ya que las víctimas habrían expresado su intención de entregarse y no representaban una amenaza que justificara el uso de fuerza letal con armamento de guerra.

Estado actual del caso

A la fecha de esta verificación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya celebró la audiencia pública sobre el caso (junio de 2026), pero no había emitido todavía una sentencia definitiva sobre la responsabilidad internacional del Estado venezolano. Cualquier actualización de este artículo debe verificar si la Corte ya resolvió el caso antes de presentar un desenlace como definitivo.

Fuentes consultadas

  • Organización de los Estados Americanos (OEA/CIDH) — comunicado oficial sobre la remisión del caso a la Corte IDH (octubre de 2023) y detalle de los hechos denunciados.
  • Foro Penal — cobertura de la audiencia pública ante la Corte IDH (junio de 2026) y los argumentos presentados por los representantes de las víctimas.
  • Wikipedia en español (“Operación Gedeón (2018)” / “Óscar Pérez (policía)”) — cronología general del caso y reacciones internacionales.
  • CNN en Español — cobertura de las fotografías difundidas por Luisa Ortega Díaz en 2019 y el debate sobre si Pérez fue ejecutado.
  • El Nacional (Venezuela) — cobertura de la audiencia de junio de 2026 y los testimonios de familiares de las víctimas.

Nota editorial: este caso está pendiente de sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la fecha de esta verificación. Este artículo presenta tanto la versión oficial del Estado venezolano como la de los organismos de derechos humanos sin adoptar ninguna como hecho definitivo, en espera de la resolución del tribunal internacional.