A Rosa Elvira Cely la atacaron en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en pleno centro de Bogotá, a menos de cien metros de una estación de policía. Sobrevivió lo suficiente para llamar dos veces a emergencias y para dar el nombre de su agresor. Murió cuatro días después. Tres años más tarde, Colombia tenía por primera vez una ley que llamaba a ese crimen por su nombre.
Quién era Rosa Elvira Cely
Tenía 35 años y una hija de 12. Trabajaba como vendedora ambulante y estudiaba de noche para terminar el bachillerato, algo que había quedado pendiente durante años. Su entorno la describía como una mujer perseverante, que sostenía a su familia y al mismo tiempo intentaba completar su educación.
La noche del 23 de mayo de 2012
Después de clases, Rosa Elvira compartió un rato con dos compañeros de estudio, Mauricio Ariza y Javier Velasco Valenzuela, en un establecimiento de Chapinero. Al momento de irse, Ariza se retiró por su cuenta. Velasco se ofreció a llevarla en su motocicleta hasta la casa.
En el trayecto se desvió hacia la zona boscosa del Parque Nacional. Allí la atacó con extrema violencia durante un período de una a dos horas: la golpeó, la agredió sexualmente, la sometió a estrangulamiento y le provocó heridas internas graves, además de una puñalada en la espalda. Huyó dándola por muerta.
Rosa Elvira alcanzó a llamar dos veces a la línea de emergencias para dar su ubicación. Los organismos de socorro la encontraron con vida cerca de una hora después, consciente pero en estado crítico, junto al río Arzobispo dentro del mismo parque. Mientras recibía los primeros auxilios alcanzó a decir los nombres de Javier Velasco y Mauricio Ariza.
Llamó dos veces a emergencias y dio el nombre de su agresor antes de morir. La ambulancia tardó más de dos horas en llegar.
La investigación y la condena
Rosa Elvira permaneció en cuidados intensivos en el Hospital Santa Clara y murió cuatro días después de la agresión. Ariza se entregó voluntariamente, negó haber participado y quedó en libertad al determinarse que se había retirado antes de los hechos. Velasco pasó a ser el único sospechoso y el 2 de junio de 2012 una jueza de garantías legalizó su captura.
La investigación destapó algo que agravó la indignación pública: Velasco ya había sido condenado en 2003 por el homicidio de otra mujer, Dismila Ochoa, pero entonces fue declarado inimputable por una supuesta enfermedad mental y quedó libre tras poco más de un año. Además, al momento del crimen de Rosa Elvira pesaba sobre él una investigación por acceso carnal violento contra sus dos hijastras y contra una trabajadora sexual.
En diciembre de 2012, Velasco aceptó los cargos de homicidio agravado, acceso carnal violento y tortura. Fue condenado a 48 años de prisión por el crimen de Rosa Elvira, más 36 años por la violación de sus hijastras y 10 años por el abuso contra la trabajadora sexual. En mayo de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena en segunda instancia y rechazó el intento de la defensa de obtener una rebaja de pena.
La reacción institucional que empeoró todo
En medio del caso, un concepto de la Secretaría de Gobierno de Bogotá llegó a sugerir que Rosa Elvira había “puesto en riesgo su integridad” al salir con sus compañeros esa noche. El rechazo social fue inmediato y terminó funcionando como combustible político: la discusión dejó de ser sobre un crimen puntual y pasó a ser sobre cómo el Estado colombiano trataba la violencia contra las mujeres.
La Ley Rosa Elvira Cely
En 2015, el Congreso aprobó la Ley 1761, conocida desde entonces como Ley Rosa Elvira Cely. Tipificó por primera vez el feminicidio como delito autónomo en Colombia, definido como causar la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género —incluyendo los transfeminicidios—, con penas de entre 250 y 600 meses de prisión, es decir de 20 a 50 años. También estableció obligaciones de enfoque de género para las instituciones judiciales y educativas del país.
En el Parque Nacional, en el lugar donde ocurrió el ataque, hay hoy un monumento en su memoria.
La condena al Estado
La familia de Rosa Elvira demandó al Estado colombiano —Policía Nacional, Fiscalía General y las secretarías de Salud y de Gobierno de Bogotá— por las negligencias institucionales que, sostienen, permitieron el crimen y agravaron sus consecuencias: entre ellas, la demora de más de dos horas en la llegada de la ambulancia y la falta de recolección oportuna de evidencia forense en el hospital.
El 1 de agosto de 2023, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá condenó al Estado por el feminicidio y ordenó una reparación económica a la familia equivalente a 1.300 salarios mínimos, a cargo principalmente de la Fiscalía General de la Nación, por no haber investigado adecuadamente los antecedentes de Velasco.
Estado actual del caso
Javier Velasco cumple su condena, firme desde 2021, en la cárcel La Picota de Bogotá. El fallo que condenó al Estado colombiano por negligencia institucional es de primera instancia; este artículo no localizó información pública sobre si alguna de las entidades condenadas lo apeló, por lo que ese punto conviene verificarlo antes de darlo por cerrado.
Preguntas frecuentes
¿Quién fue Rosa Elvira Cely? +
¿Qué le pasó a Rosa Elvira Cely? +
¿Quién mató a Rosa Elvira Cely y qué condena recibió? +
¿Javier Velasco tenía antecedentes? +
¿Qué es la Ley Rosa Elvira Cely? +
¿El Estado colombiano fue condenado por el caso? +
Fuentes
Wikipedia en español (“Feminicidio de Rosa Elvira Cely”), para la cronología completa del caso y el contenido de la Ley 1761 de 2015. BBC News Mundo y Cambio Colombia, para la cobertura de la condena al Estado colombiano en 2023 y el contexto del concepto revictimizante de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. El Espectador, para la ratificación de la condena a Velasco en segunda instancia en mayo de 2021. Infobae y El País (Colombia), para el detalle del fallo administrativo de agosto de 2023. Volcánicas, para los antecedentes penales de Velasco. Última verificación de datos: 26 de julio de 2026.
Nota editorial: Javier Velasco aceptó los cargos y su condena penal está firme desde 2021; no existe duda judicial sobre su responsabilidad. La condena al Estado colombiano por negligencia, de agosto de 2023, es de primera instancia y este artículo no localizó información pública sobre una eventual apelación; ese punto debe verificarse antes de presentarlo como definitivo.
