Sandra Estefana Domínguez Martínez era una abogada y defensora de derechos humanos de la comunidad ayuuk (mixe) en Oaxaca, México. Desapareció junto a su esposo en octubre de 2024 y fue hallada sin vida meses después. Su caso es uno de los de mayor repercusión reciente sobre la violencia contra defensoras en México, y está marcado por el intento de las autoridades estatales de presentar su muerte como un daño ajeno a su labor.

Una vida dedicada a la defensa de derechos

Domínguez, originaria de San Isidro Huayápam, Oaxaca, trabajó en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en 2011 y 2012. Después se mudó a María Lombardo de Caso, donde fue mediadora en comunidades mixes y apoyó a víctimas de violación sexual y a familias de mujeres desaparecidas y asesinadas.

Una denuncia que la puso en la mira

Según las fuentes consultadas, Domínguez denunció ante autoridades locales a funcionarios que compartían imágenes sexuales de mujeres indígenas mixes en un chat que las organizaciones de derechos humanos llamaron «chat sexual XXX». Ella misma habría sido una de las mujeres cuyas imágenes se difundieron, y presentó una denuncia penal contra una de las autoridades que participaba en el grupo.

La desaparición

Su familia reportó el 8 de octubre de 2024 la desaparición de Domínguez y de su esposo, Alexander Hernández Hernández. Los habían visto por última vez el 4 de octubre en su casa de María Lombardo de Caso, en la región del Bajo Mixe, al norte del Istmo de Tehuantepec.

Una búsqueda de casi siete meses

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía de Oaxaca, junto con autoridades de Veracruz, realizaron varios operativos. Hallaron la camioneta de las víctimas abandonada en Playa Vicente, Veracruz, y aseguraron el teléfono de Sandra en El Nigromante, también en Veracruz. Amnistía Internacional emitió una acción urgente para que fuera encontrada con vida.

El hallazgo

El 24 de abril de 2025, los cuerpos de Sandra Domínguez y Alexander Hernández fueron localizados en dos fosas clandestinas de un rancho entre La Ceiba y Unión Progreso, en Santiago Sochiapan, Veracruz. El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó la identificación mediante estudios periciales, con la participación de la madre y las hermanas de Sandra.

Una explicación oficial que indignó

El fiscal dijo que las líneas de investigación apuntaban a integrantes de células delictivas que operan en Veracruz y a un presunto conflicto entre ellas. La Secretaría de Gobierno de Oaxaca llamó públicamente a Sandra Domínguez «víctima colateral» de ese conflicto, una caracterización que indignó a activistas y organizaciones de derechos humanos.

Acusaciones de revictimización

Isaac Torres Carmona, coordinador en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), dijo que la conclusión de la fiscalía revictimiza a Sandra Domínguez y a su familia. Un activista y amigo cercano de la abogada acusó al gobierno estatal de Salomón Jara Cruz de buscar una «verdad histórica» para limpiar la imagen de su administración.

Un enfrentamiento armado

Según reportes del caso, tres presuntos sicarios y un policía murieron en un enfrentamiento armado en Veracruz relacionado con la investigación, antes de que se hallaran los cuerpos.

Detenciones parciales

Una expolicía vial fue detenida, vinculada a proceso y mantenida en prisión preventiva por su presunta participación. Según reportes posteriores, se emitieron al menos cuatro órdenes de aprehensión más, algunas aún pendientes de ejecutar.

Un año sin justicia completa

En abril de 2026, al cumplirse un año del hallazgo, organizaciones como Consorcio Oaxaca señalaron que el caso no había avanzado mucho y que las amenazas contra la familia continuaban sin castigo. Pidieron investigar la «cadena de complicidad» detrás de la desaparición y el feminicidio, y que la denuncia original sobre el chat fuera parte central de la investigación.

Dos años de reclamos

Al cumplirse dos años de la desaparición, el 4 de octubre de 2026, familiares, amigas y colectivas feministas hicieron un memorial con la consigna «Tu voz no desapareció». Organizaciones de derechos humanos exigieron a la Fiscalía investigar a funcionarios estatales, entre ellos el entonces coordinador de Paz del gobierno de Oaxaca, Donato Vargas, quien se deslindó públicamente de cualquier vínculo con la desaparición.

Situación actual

El caso sigue abierto, con detenciones parciales confirmadas pero sin que, según las organizaciones de derechos humanos, se haya esclarecido toda la cadena de responsabilidad detrás de la desaparición y el feminicidio.

Por qué el caso sigue siendo relevante

El caso Sandra Domínguez muestra los riesgos extremos que enfrentan las defensoras que denuncian violencia sexual digital cometida por funcionarios, y el patrón de autoridades que minimizan su responsabilidad institucional al presentar estos feminicidios como consecuencia de conflictos ajenos.

Fuentes consultadas

  • Wikipedia (en inglés), «Sandra Domínguez».
  • La Jornada, «Gobierno busca deslindarse del caso Sandra Domínguez, acusan activistas de Oaxaca».
  • El Universal, «Hallan sin vida a la activista Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández en Veracruz; Fiscalía de Oaxaca confirma identidad».
  • Proceso, «Localizan el cuerpo sin vida de la activista Sandra Domínguez y de su esposo».
  • EDUCA Oaxaca, «Sandra Domínguez: un año después, el crimen sigue sin justicia».
  • Página3.mx, «’Tu voz no desapareció’: Dos años sin justicia por la desaparición y feminicidio de Sandra Domínguez» (octubre de 2026).
  • SDP Noticias, «¿Qué le pasó a Sandra Domínguez?».

Nota editorial: el artículo documenta la caracterización oficial de «víctima colateral» y las acusaciones de revictimización que provocó, sin tomar una posición definitiva sobre la cadena completa de responsabilidad, que sigue bajo investigación.