El secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, una niña de 11 años de Villa Tesei, provincia de Buenos Aires, en 2011, es uno de los casos criminales que más profundamente marcó a la opinión pública argentina, en gran parte por su presunta vinculación con una disputa de narcotráfico. Casi 15 años después, el caso presenta un desenlace judicial dividido: una condena confirmada en las últimas instancias, junto a absoluciones de otros acusados.
La desaparición
El 22 de agosto de 2011, Carola Labrador denunció ante la policía que su hija Candela había desaparecido en una esquina de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham, mientras esperaba a sus amigas para dirigirse a una reunión de scouts. Al día siguiente, una vecina reportó haber escuchado el frenazo de un auto y un bocinazo a la misma hora de la desaparición. Labrador declaró públicamente: “A mi hija me la robaron.”
Un mensaje extorsivo y la hipótesis del ajuste de cuentas
Dos días antes de que se hallara el cuerpo de Candela, su madre recibió un mensaje extorsivo exigiendo la devolución de “la plata” a cambio de la vida de la niña. La principal hipótesis fiscal apuntó a un ajuste de cuentas vinculado al padre de Candela, Alfredo Rodríguez, quien se encontraba preso en ese momento por un delito relacionado con robo de combustible (“piratería del asfalto”).
El hallazgo del cuerpo
El 31 de agosto de 2011, nueve días después de su desaparición, el cuerpo de Candela fue hallado dentro de una bolsa en un descampado del partido de Morón. Un informe de autopsia posterior confirmó que la niña había sido sometida a abuso sexual durante su cautiverio, aunque no se hallaron rastros de semen que permitieran un análisis genético adicional del agresor.
Una investigación marcada por irregularidades
La investigación original estuvo plagada de fallas documentadas: se detuvo inicialmente a un grupo de personas, incluyendo a la supuesta dueña de la vivienda donde se sospechaba había estado cautiva la niña, aunque la propiedad llevaba más de un año deshabitada antes del crimen, generando dudas públicas sobre si se habían arrestado personas inocentes solo para mostrar avances en el caso. Estas irregularidades llevaron a que, en marzo de 2012, el Senado de la provincia de Buenos Aires creara una Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Crimen, y a que una Cámara de Apelaciones de Morón decretara la nulidad de gran parte del proceso original, obligando a reiniciar la investigación prácticamente desde cero. La madre de Candela ha sostenido públicamente a lo largo de los años que existieron “jefes policiales a los que hicieron zafar” de responsabilidad en el caso.
El primer juicio: dos condenas a perpetua
En septiembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Morón condenó a Hugo Elbio Bermúdez a prisión perpetua como autor material del crimen, determinando que había abusado sexualmente de Candela y la había matado. Leonardo Jara también recibió condena a prisión perpetua, mientras que Gabriel F. Gómez fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe secundario del delito de privación ilegítima de la libertad coactiva.
El segundo juicio: cuatro absoluciones
Iniciado en 2024 tras años de demora, incluyendo una suspensión por la pandemia de COVID-19, un segundo juicio (“Caso Candela II”) juzgó a otros cuatro acusados como presuntos partícipes necesarios del crimen: el narcotraficante Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, señalado como presunto autor intelectual; el expolicía bonaerense Sergio Chazarreta, dueño de la camioneta utilizada para trasladar a la niña; el presunto informante policial Héctor “El Topo” Moreyra; y el carpintero Néstor Altamirano, a quien se le atribuía haber cuidado y alimentado a Candela durante su cautiverio. El 8 de mayo de 2024, el tribunal absolvió a los cuatro acusados, determinando que no existían pruebas contundentes de su participación en el crimen. Néstor Altamirano declaró tras el fallo que el proceso judicial había afectado profundamente su vida, señalando que perdió la confianza en policías y abogados.
La confirmación final de la Corte Suprema
En junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina rechazó por inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Hugo Bermúdez, dejando firme de manera definitiva su condena a prisión perpetua, así como la condena de cuatro años contra Gabriel Gómez. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla, agotó una de las últimas vías de revisión judicial disponibles para los condenados.
Por qué el caso sigue siendo relevante
El caso Candela es un referente central en Argentina sobre las consecuencias de una investigación policial inicial defectuosa —incluyendo arrestos de personas potencialmente inocentes—, y sobre la complejidad de establecer responsabilidad penal para “partícipes necesarios” de un crimen cuando la evidencia disponible, años después de los hechos, resulta insuficiente para sostener una condena, incluso cuando el autor material ya ha sido condenado de forma firme.
Fuentes consultadas
- Infobae, “Caso Candela Rodríguez: la Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua contra el autor material del crimen” (junio de 2026), con la cita textual completa del fallo de los cuatro jueces de la Corte.
- TN24, “El misterioso caso de Candela Sol Rodríguez” (marzo de 2026), con cronología del segundo juicio y las declaraciones de Néstor Altamirano.
- La Urbe Digital, “El Caso Candela Rodríguez: una investigación fallida y una herida abierta en la sociedad argentina” (agosto de 2025).
- El 1 Digital, “Caso Candela: el crimen que mantuvo en vilo al país y todavía no encuentra justicia” (abril de 2024).
- Diario de Cuyo, “Cronología del Caso Candela” y “Nuevo giro en la causa: revelan que Candela sufrió abuso sexual” (archivo de 2011), con cronología original de la desaparición y el hallazgo del cuerpo.
- Observatorio Lucía Pérez, “Candela Sol Rodríguez”, ficha judicial resumida del caso.
Nota editorial: este artículo distingue explícitamente entre la condena confirmada de forma definitiva contra Hugo Bermúdez y Gabriel Gómez, y la absolución igualmente firme de los otros cuatro acusados en el segundo juicio de 2024, sin atribuir responsabilidad penal a estos últimos por hechos de los que fueron judicialmente exonerados.
